Cuando recibimos un diagnóstico de Alzheimer, existen diferentes trámites que podemos realizar. En primer lugar, tenemos el certificado de discapacidad que nos permitirá obtener ventajas como una deducción en la declaración de la renta, en el transporte público, la supresión de barreras arquitectónicas en el domicilio o comunidad de vecinos. También tendremos ayudas para la adquisición de ayudas técnicas (caminador, silla de ruedas, etc.) y una adaptación o mayor flexibilidad del horario laboral del cuidador principal de la persona con Alzheimer o deterioro cognitivo.

Después, también podemos gestionar el reconocimiento de la situación de dependencia. Este es esencial para disponer de una serie de recursos y prestaciones en función del grado de dependencia otorgado. Entre los recursos más importantes, podríamos optar a un servicio de ayuda a domicilio, un centro de día o bien una residencia. Y, entre los recursos económicos, las ayudas económicas más importantes que existen son la prestación económica vinculada (PEV) al servicio. Por ejemplo, una persona que está ocupando una plaza privada de residencia podría recibir una ayuda económica para pagar la plaza privada de residencia. Aparte, también dispondremos de la prestación económica para el cuidador no profesional y, a nivel tecnológico un servicio de teleasistencia.

Un tercer trámite que podemos realizar es la solicitud de la tarjeta Cuida’m, una tarjeta sanitaria individual para colectivos específicos con unas características clínicas específicas. Disponer de esta tarjeta nos proporciona un trato más adecuado y personalizado, favorece el acompañamiento de los familiares u otras personas en visitas médicas, la atención urgente, los traslados en ambulancia o las pruebas diagnósticas. Es decir, toda una seria de ventajas que, de alguna manera, nos darían prioridad.

¿Disponemos de recursos a nivel legal?

A nivel legal, existen una serie de recursos jurídicos para garantizar la voluntad y el respeto a los derechos de la persona con demencia. Podríamos decir que la autotutela, el testamento vital y el procedimiento judicial de provisión de medidas de apoyo son los tres recursos jurídicos principales.

La autotutela es la posibilidad de que la persona con Alzheimer, preventivamente, pueda nombrar a su propio asistente en previsión que en un futuro necesite a alguien, una persona jurídica o física, que complemente su capacidad de decisión.

El testamento vital es un documento dirigido al médico responsable donde la persona, con capacidad suficiente y de manera libre, indica el tratamiento que quiere recibir y las limitaciones a estos tratamientos en caso de que se encuentre en una situación en que la que no tenga la voluntad para poder decidir.

El procedimiento judicial de provisión de medidas de apoyo es una resolución judicial que recoge los actos en que la persona con discapacidad necesita ayuda o apoyo, pero en ningún caso puede significar una declaración de incapacidad, ni mucho menos en una privación de derechos personales, patrimoniales o políticos.

¿Alzheimer en casa o en residencia asistida?

Los factores que determinan vivir en una residencia o en el domicilio varían según el proceso en el que se encuentra la evolución del deterioro cognitivo o Alzheimer.

Si nos encontramos en una fase inicial, podemos optar por un centro de día y vivir en el domicilio con el apoyo de una persona cuidadora y, en el caso de fases más avanzadas, se podría valorar con la familia el servicio de residencia asistida.

La formación especializada de los profesionales de la residencia junto la adaptación de las instalaciones, hacen que la residencia asistida sea un recurso seguro y confortable para la persona con Alzheimer y su familia.

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